La incultura de la prevención y la reducción del riesgo
- 5 may 2017
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El pasado 30 de abril, Telenoticias titulaba un caso sobre como las Unidades de socorro siguen enfrentando a conductores en las calles de Costa Rica. La noticia narra la forma en la que el paso de una unidad de Bomberos que se disponía a apagar un incendio en una vivienda, era obstaculizado por un vehículo cuyos ocupantes "lejos de preocuparse, incluso llegaban a reírse y hasta hicieron señas inapropiadas con sus manos a los bomberos". Al respecto, quisiera iniciar esta entrada con algunas preguntas para usted señor(a) lector(a); ¿Que sentiría usted si hubiera sido uno(a) de las personas habitantes de la casa en llamas? o ¿Usted que cree que sentiría el conductor del vehículo en cuestión, si se diera cuenta que la casa en llamas era la suya?
De manera similar, el 27 de abril, el diario El Espectador de Colombia titulaba como el Permiso de construcción del edificio que se desplomó en Cartagena era ilegal. La emergencia que dejó un saldo de 21 víctimas fatales y 22 heridos, correspondía al colapso de un edificio que muestra una valla pública, en donde "el logo de la curaduría no corresponde al actual, el número de radicado no existe en Curaduría 1 y 2, es decir, no tenían trámite ni licencia".
Entre otros casos recientes y que involucran amenazas de origen natural, se encuentran el pasó del Huracán Otto por Costa Rica que dejó un saldo de 10 víctimas mortales y un estimado de 190 millones de dólares en perdidas materiales en Noviembre de 2016. La avalancha de Mocoa (Colombia) hace un poco más de un mes, que dejó un saldo estimado de 300 víctimas mortales y 70 desaparecidos. Y los deslizamientos en la ciudad de Manizales (Colombia) hace menos de un mes, que dejaron un saldo de 17 muertos y 80 viviendas destruidas. Todas las víctimas de las emergencias mencionadas en los tres casos anteriores comparten el mismo patrón, y es que sus viviendas no debían estar ubicadas donde estaban ubicadas, lo cual quiere decir, que las administraciones municipales probablemente no hicieron lo suyo para prevenir lo sucedido.
Sucesos como los anteriores, ocurren especialmente por que en la esfera política, el tema de gestión del riesgo esta relegado a planos de poco interés, lo cual repercute en la imposibilidad de incorporar la reducción del riesgo como un factor fundamental en las agendas de desarrollo de las administraciones locales y nacionales. En ese sentido, en lugar de existir una cultura de la prevención, prima una cultura de la atención, en donde en lugar de evitar que las tragedias sucedan, esperamos a que ocurran para actuar, cuando ya el riesgo esta consumado. Es allí donde muchos tomadores de decisiones ocultan su responsabilidad en evitar lo sucedido, mostrándose diligentes y eficaces para atender a los que quedaron vivos.
Situaciones como las descritas, son algunas de las diversas maneras como nuestra sociedad latinoamericana demuestra tener poca o nula cultura de la prevención y reducción del riesgo, que llega a veces a niveles de ausencia de solidaridad y humanidad.
Desde una perspectiva educativa, los sistemas educativos de nuestros países tienen una gran responsabilidad en la ausencia de esta cultura para nuestras generaciones y algunas más avanzadas en edad. Casos como el de Japón, un país en donde desde muy pequeños, sus ciudadanos reciben formación e instrucción para reducir riesgos, son un claro ejemplo para comparar lo lejos que estamos de lograr incorporar una apropiada cultura de la prevención en la sociedad.
Sin embargo, no podemos asignarle dicha responsabilidad solamente a los sistemas educativos, también es necesario corresponder a lo evidente. Habitamos en países que poseen múltiples amenazas de origen natural y antrópico, esto, relacionado a los perfiles de desarrollo humano, se traduce en altos niveles de riesgo de acuerdo con los Indicadores de Riesgo de Desastres del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Este hecho debe ser por si solo el principal llamado a promover una cultura de la prevención, que nos permita evitar la ocurrencia de eventos desafortunados.
Desde una perspectiva institucional, existe otro ingrediente que se relaciona estrechamente con esta ausencia de cultura de la prevención, y es la corrupción. El caso del edificio de Cartagena tiene una alta dosis de este factor, al igual que muchos otros casos en donde las instancias gubernamentales, se hacen los de la vista gorda a la hora de controlar el uso del territorio, o expiden permisos de construcción en zonas de alto riesgo, o simplemente no cumplen su labor de supervisión en el cumplimiento de la normativa.
Somos una sociedad acostumbrada al castigo, y desde un punto de vista muy personal, considero que la única forma en el corto plazo para promover una cultura de la prevención, será arreciando la normativa, es decir, imponiendo fuertes sanciones y multas por acción o por omisión en todos los niveles, desde el nivel ciudadano, hasta el nivel institucional.
Es responsabilidad de cada uno de nosotros ser mucho más sensibles a la hora de relacionarnos con el entorno, y comprender que nuestras acciones y decisiones repercuten en la seguridad de nosotros mismos y en la seguridad de los demás.






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